Además de constatar la magnitud de la crisis climática, los sucesivos informes del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) han subrayado que la neutralidad del carbono debe alcanzarse preservando la biodiversidad. En efecto, la mitad de las emisiones de CO2 generadas por la actividad humana son captadas por los organismos terrestres y marinos, que absorben unos 9.500 millones de toneladas de CO2 cada año. Por tanto, la conservación, la gestión sostenible y la restauración de los ecosistemas pueden contribuir a los esfuerzos de descarbonización.
Si bien la biodiversidad puede ayudar a prevenir el cambio climático y a influir en él, a la inversa, la alteración del clima es una de las principales amenazas para la biodiversidad, causando grandes pérdidas de especies animales y vegetales.
Con unos fenómenos climáticos cada vez más extremos (tormentas, olas de calor, inundaciones, etc.), la pérdida de biodiversidad se ha visto agravada considerablemente por los cambios en los equilibrios hídricos locales o en los medios marinos, que, a su vez, han alterado los principales equilibrios medioambientales.
Por tanto, es fundamental abordar la biodiversidad en su relación directa con el clima y coordinar el marco normativo en torno a la preservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. La normativa debe, por tanto, tratar de situar estas cuestiones en un mismo nivel de relevancia y ofrecer a los agentes financieros un marco viable.
La pandemia de Covid-19 ha sensibilizado a los inversores y a la sociedad civil sobre la fragilidad de nuestros ecosistemas. Estamos asistiendo a un fuerte declive de la biodiversidad debido a las actividades humanas. Por ejemplo, de los ocho millones de especies animales y vegetales, un millón están en peligro de extinción en las próximas décadas. Entre 1970 y 2016, las poblaciones de vertebrados disminuyeron un 68%1.
Riesgos
Los riesgos para la biodiversidad pueden clasificarse en tres categorías: riesgos físicos causados directamente por la pérdida de biodiversidad, que incluyen el impacto de eventos extremos causados por la pérdida de biodiversidad (incendios, deforestación, etc.) en la oferta de ciertas materias primas o de ciertos sectores; riesgos de transición, que incluyen los crecientes riesgos reputacionales y regulatorios; y riesgos sistémicos que pueden influir en el desarrollo económico y social y afectar a la salud, la seguridad alimentaria, etc.
En este contexto se plantea la cuestión del papel que pueden desempeñar las compañías y los agentes financieros. Los reguladores y los inversores se centran cada vez más en el reto de la doble materialidad, es decir, un análisis tanto del impacto de los riesgos ESG en las compañías como, a la inversa, del impacto de las empresas en la sociedad. La evaluación de esta doble materialidad -es decir, el impacto de nuestras inversiones en la biodiversidad y el impacto del declive de los ecosistemas en el valor de las carteras financieras- no ha hecho más que empezar y no se dispone de una metodología común.
La buena noticia es que la regulación dará lugar a una mayor información por parte de las compañías y los participantes del mercado. Eso, a su vez, ayudará a identificar a los actores más expuestos y a los que inciden en la pérdida de biodiversidad.
Por su parte, la taxonomía europea pretende identificar las actividades sostenibles que abordan los objetivos medioambientales. De los seis objetivos climáticos y medioambientales, dos tratan directamente de la biodiversidad: el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.
Para cumplir los requisitos de información, se necesitarán muchos datos, que todavía son imperfectos, no están normalizados y son incompletos. Aun así, existen bases de datos especializadas, como el Global Biodiversity Score de CDC Biodiversité, que puede utilizarse para medir la contribución de las carteras de inversión al impacto sobre la biodiversidad. La Huella de Biodiversidad Corporativa (CBF), por ejemplo, informa sobre la abundancia media de especies por kilómetro cuadrado, mientras que la Red de Objetivos Basados en la Ciencia para la biodiversidad se ofrece para guiar a las compañías en el diagnóstico de su impacto en la biodiversidad y ayudarles a establecer objetivos para reducir este impacto. Estamos convencidos de que el sistema financiero tiene un papel que desempeñar a través de los siguientes canales:
•Reorientar los flujos financieros hacia actividades económicas más positivas y menos destructivas. El Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD) es una forma de supervisar estas actividades; presentará un marco de información inicial en 2022, que se finalizará y lanzará en 2023. Además, la COP 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) establecerá objetivos intermedios de biodiversidad para 2030.
•Medir la transición y garantizar que las carteras se ajusten a los Acuerdos de París.
•Ayudar a construir una arquitectura normativa.
•Para las firmas de gestión de carteras, en particular, adquirir bases de datos sobre biodiversidad y herramientas de medición de riesgos e integrarlas en sus políticas de inversión, dialogar con las empresas sobre estas cuestiones y desarrollar una oferta de productos dedicados a la preservación o restauración de la biodiversidad, a través de fondos temáticos, por ejemplo.
Fuente: https://www.abc.es/economia/abci-cambio-climatico-y-biodiversidad-invertir-tambien-actuar-202111290023_noticia.html
